Cecilia Anigstein
Licenciada en Sociología por la Universidad de Buenos Aires (UBA). Magíster y Doctora en Ciencias Sociales por la Universidad Nacional de General Sarmiento-Instituto de Desarrollo Económico (UNGS-IDES). Investigdora y docente contratada en la misma universidad. Sus temáticas ejes de investigación son: estudios del trabajo, movimiento sindical argentino y latinoamericano, y alternativas para el desarrollo.
Transitamos la crisis sanitaria y socio económica más grave y profunda de los últimos cien años. En América Latina el impacto de la pandemia y sus efectos se combina con otros fenómenos preexistentes. No solo estancamiento de las economía y regresión de indicadores sociolaborales en el último lustro que habían mostrado mejorías en la primera década del siglo xxi [1], sino además un complejo proceso político que comprende ascenso de coaliciones políticas de extrema derecha, desestabilización de los sistemas democráticos, golpes de Estado, aumento de la represión estatal y para-estatal, violación a los derechos humanos, un aumento de los conflictos territoriales ligados a enclaves primario extractivos y una mayor injerencia y capacidad de veto de las empresas transnacionales sobre las políticas soberanas de los Estados.
Una crisis de múltiples dimensiones que sin duda coloca al trabajo y sus transformaciones en el centro de todas las reflexiones.
Un estudio reciente de la CEPAL [2] expone los alcances del enorme impacto de la pandemia del COVI-19 sobre los mercados de trabajo de América Latina: fuerte caída en las tasas de ocupación y en las tasas de actividad (una parte considerable de las personas que perdieron el empleo salieron de la fuerza de trabajo), que han contenido un aumento más abrupto en las tasas de desocupación (en franco ascenso, de todos modos). Se trata de una salida del mercado laboral que se estima transitoria, vinculada con las dificultades para buscar un empleo en medio de la crisis sanitaria y las medidas de contención.
Las pérdidas de empleo afectan principalmente a trabajadores informales, con menor educación formal y baja calificación. Las caídas del empleo formal no han sido tan abruptas en buena medida debido a la implementación de medidas en muchos países para mantener el vínculo laboral durante la crisis cuyos efectos alcanzan principalmente a este segmento del mercado de trabajo.
El estudio concluye con una advertencia: la reactivación del mercado laboral será un proceso lento y complejo, con altas tasas de desocupación e informalización laboral. La crisis sanitaria aceleró transformaciones en el mundo del trabajo que estaban en curso.
En Perú, uno de los países más afectados por la pandemia con epicentro en Lima, mediante decreto presidencial el 13 de abril se puso en vigor la “suspensión perfecta de labores”, que autorizó a las empresas que se declaren en esa situación a realizar despidos masivos. Mientras tanto, el país era testigo de un dramático éxodo desde las ciudades hacia sus comunidades de origen de cientos de miles trabajadores y trabajadoras en condiciones de informalidad (sin derechos ni acceso a seguridad social, precario e inestable), que en este país comprende al 64,6% de la fuerza laboral [3].
Trabajadores/as sin derechos, pero fundamentalmente trabajadores sin sindicatos, o al menos sin sindicatos conformados institucionalmente y reconocidos como interlocutores frente a Estados y empresas. De ahí surgen dos hechos objetivos que no son ninguna novedad: las políticas laborales tradicionales no alcanzan a este enorme continente del trabajo, y los sindicatos no los representan. Por eso, es ineludible prestar atención a las medidas destinadas a las figuras autónomas, el cuentapropismo y aquellas destinadas a brindar asistencia alimentaria y garantizar el acceso a vivienda y servicios básicos, que alcanzan fundamentalmente a los sectores excluidos de la protección social. Este es sin duda el mayor desafío de los sindicatos y del conjunto de la clase trabajadora en materia de políticas de recuperación económica post pandemia.
Veamos brevemente la situación actual en Lima Metropolitana. Los últimos reportes del trimestre junio-julio-agosto 2020 indican que la población ocupada disminuyó en 26,8%, en un -1 millón 320 mil 800 personas. La caída de la ocupación fue mucho más pronunciada en establecimientos pequeños (de 1 a 10 trabajadores), alcanzando un -30,6%, casi 900 mil trabajadoras/es. Los subempleados representan el 53,4% del total de ocupados. La tasa de desempleo fue del 15.6%, 665 mil personas buscaron empleo activamente. Se observa además una caída del ingreso promedio mensual proveniente del trabajo en un -9%. Los grupos de ocupación más afectados por la crisis sanitaria son el trabajo doméstico remunerado y el trabajo a cuenta propia, específicamente aquellas asociadas al comercio, ciertos servicios, los artesanos, las ocupaciones elementales y los trabajadores de la agricultura, forestales y pesqueras, es decir, trabajadores de menores niveles de cualificación formal y, generalmente, de menores ingresos y en condiciones laborales más precarias (Notas de prensa INEI, 2020).
La profundidad de la crisis es tal, y sus efectos sobre nuestra experiencia tan disruptivos, que junto con ellos se ha puesto en cuestión la noción misma de trabajo, interpelada al mismo tiempo desde al menos tres frentes que ponen el foco en la subsistencia y el sostenimiento de la vida.
En dos de estos frentes el trabajo reafirma mientras lo ensancha y redefine. Me refiero a la interpelación al trabajo desde el movimiento feminista hoy en auge y a la visibilización de lo que hoy podemos llamar trabajo esencial.
La puesta en valor y el reconocimiento de las tareas de cuidados remuneradas y no remuneradas, realizadas en el seno del hogar o la comunidad, provistas por el Estado o mediante intercambios mercantiles, que ha puesto en agenda el movimiento de mujeres y el feminismo, están provocando una intensa y amplia conversación que involucra tanto al mundo académico, los gobiernos y organismos internacionales, los partidos políticos, los movimientos sociales y por supuesto, a los sindicatos. Son justamente las mujeres trabajadoras quienes impulsan en sus organizaciones sindicales en el nivel de las bases, pero también en sus conducciones, la incorporación de nuevas demandas, traducidas en nuevos derechos que van desde la representación paritaria hasta la incorporación de clausulas de género en la negociación colectiva. En el centro de estas discusiones podemos encontrar las desigualdades de género originadas en la división sexual del trabajo y la necesidad de reconocer, redistribuir y retribuir el trabajo invisible que sostiene la vida y la reproducción social, condición de posibilidad para que los motores de la producción permanezcan en funcionamiento. En este sentido, merecen atención los acuerdos alcanzados en la Segunda Conferencia de Mujeres de la Confederación Sindical de Trabajadoras y Trabajadores de las Américas (CSA-CSI) realizada en Panamá, en septiembre de 2019 [4]; los Encuentros Nacionales de Mujeres Sindicalistas en Argentina, que comenzaron en 2016 y articulan a todas las corrientes sindicales de todo el país y que han sido muy importantes para la coordinación de acciones en los paros internacionales de mujeres de 2017, 2018 y 2019 y las acciones internacionalista de la Marcha Mundial de las Mujeres, con fuerte presencia en Brasil [5].
Junto con la visibilización de los trabajos de cuidados, emerge con fuerza en el contexto de la pandemia una nueva denominación que los comprende, el trabajo esencial, también denominada la primera línea, que comprende al personal de salud, educación y de los servicios públicos en general (provisión de energía, agua potable y saneamiento, telecomunicaciones), organizadoras/es comunitarias de las ollas populares y/o comunes, cuidadoras, estibadoras/es de las plataformas digitales, campesinas/os de la agricultura familiar, operarios de la industria alimentaria, el transporte, trabajadoras/es del comercio minorista de cercanía. Colectivos laborales todos ellos caracterizados por la fragmentación, la informalidad y precariedad, que desafían los modelos tradicionales de representación sindical y frente a los cuales resulta urgente ensayar con creatividad nuevas formas de organización colectiva, así como una nueva agenda de derechos que exprese las demandas que surgen de un mundo del trabajo en plena reconfiguración.
El otro frente que interpela al trabajo lo negativiza y desplaza del centro a la periferia de las preocupaciones más urgentes, es un diagnóstico asociado a una narrativa controversial, que es necesario analizar con cuidado. Se basa en las proyecciones de sustitución de empleos y tareas humanas por máquinas de organismos como la OCDE o el Banco Mundial. Se afirma que la transformación tecnológica (automatización, digitalización e inteligencia artificial) provocarán una reducción drástica de los empleos, la consolidación de una estructura ocupacional encogida y la expansión de una masa de población marginal “sobrante” en el continente. Son proyecciones catastróficas de automatización que deben ser puestas bajo sospecha. En esta dirección, mediciones alternativas ponen en evidencia que las mencionadas proyecciones para América Latina son poco realistas [6]. En base a estos diagnósticos, algunas propuestas progresistas como la de la Renta Básica Universal o Ingreso ciudadano (que lograría combinar universalidad, incondicionalidad e integración fiscal progresiva), sostienen que en las sociedades post salariales el matrimonio entre empleo y percepción de ingresos heredado los regímenes de bienestar del siglo XX contribuye al ensanchamiento de las brechas de la desigualdad social, por tanto, es necesario disolverlo [7].
El mayor riesgo (no de la propuesta de una Renta universal en sí misma, sino de las narrativas que moviliza) tiene que ver con el tipo de vínculo social que potencialmente puede dinamizar o dislocar, inspirada en una filosofía política individualista, donde el Estado se relaciona de un modo radial y unilateral con individuos que aparecen distribuidos y fragmentados en mercados de trabajo y consumo, donde al parecer no hay rastros de mediaciones colectivas como los sindicatos o los movimientos sociales, que suelen jugar un rol central en los procesos de ampliación de derechos y redistribución de la riqueza.
¿Cómo se espera que ciudadanos y ciudadanas defiendan frente al Estado o las élites el poder adquisitivo de un ingreso universal? Y siguiendo en esta dirección: ¿puede un ingreso ciudadano universal eludir los mecanismos de financierización y mercantilización que operan las élites concentradas para apropiarse del trabajo y la riqueza social? ¿Es útil para desmontar los sistemas de protección social y de pensiones basados en la cotización individual y la gestión privatizada? ¿Cómo se garantiza que esos ingresos una vez bancarizados permanezcan inmunes a la especulación financiera, no favorezcan el endeudamiento personal o familiar? ¿y para que no se transfieran -vía consumos de servicios públicos monopólicos y privatizados- hacia las cadenas globales de producción y las plataformas controladas por empresas transnacionales? ¿Se resuelven las desigualdades y asimetrías sociales proveyendo acceso al consumo en un esquema que no cuestiona la mercantilización extrema y totalizante? ¿Se puede alcanzar por esta vía la soberanía alimentaria, demanda urgente de nuestros pueblos?
Sobre estas cuestiones sin duda el movimiento sindical tiene mucho que decir. Su aporte en la planificación e implementación de políticas de recuperación de la crisis es determinante e imprescindible. La estrategia que ponga el movimiento el sindicalismo para ser parte de las decisiones sobre estas políticas puede marcar la diferencia.
En definitiva, ¿Qué rol les toca a los sindicatos en las políticas de recuperación post COVID-19, hoy a la defensiva, encogidos en su capacidad de representación por la caída del empleo y el enorme peso del empleo informal y a cuenta propia? Sin una respuesta concluyente, interesa aquí colocar dos coordenadas para dinamizar un debate necesario.
La primera tiene que ver con reafirmar la centralidad del trabajo -entendido ya en un sentido amplio como el sostenimiento de la vida y la subsistencia colectiva- como eje para la construcción de una sociedad más justa social, política y ambientalmente.
La segunda tiene que ver con impulsar una estrategia de sindicalismo sociopolítico. Las organizaciones de trabajadores/as se encuentran debilitadas y a la defensiva en sus luchas y negociaciones sectoriales frente a las empresas, por eso los resultados no son los esperados ni deseamos. Frente a esta realidad, la posibilidad de articular alianzas intersectoriales que involucren no solo a sindicatos sino también a organizaciones de pequeños y medianos empresarios afectados por la crisis, al movimiento indígena-campesino, el movimiento estudiantil y a los feminismos se presenta como alternativa de concentración de fuerzas y unidad, que puede redundar asimismo en la construcción de programas integrales de recuperación y desarrollo desde y para los pueblos.
Referencias
[1] En el plano sociolaboral, de acuerdo con datos publicados por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y OIT, durante la última década en América Latina y el Caribe se observó que el bajo crecimiento económico -con tasas en torno al 1% o directamente su caída en los años 2015 y 2016- contribuyó al estancamiento de los salarios y de la tasa de ocupación, una mayor desocupación que superaba el 9% hacia 2019 y la consolidación de una tendencia al deterioro de la calidad de los nuevos empleos. En últimos cinco años los nuevos empleos se concentraron en el sector de los servicios, frente a un retroceso en la industria y la construcción, encabezados por las categorías ocupacionales del trabajo a cuenta a propia y en condiciones de informalidad.
[2] Weller y otros, “El impacto de la crisis sanitaria del COVID-19 en los mercados laborales latinoamericanos”, Documentos de Proyectos (LC/TS.2020/90), Santiago, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 2020, en https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45864/4/S2000495_es.pdf
[3] Los datos corresponden a la suma de las siguientes categorías ocupacionales en cada país para el año 2018: asalariados privados y patrones en establecimientos de 5 o menos trabajadores, cuenta propia no profesionales, técnicos o administrativos, servicio doméstico y trabajadores familiares auxiliares. Fuente: OIT, 2019.
[4] El documento con los acuerdos puede consultarse en: http://csa-csi.org/wp-content/uploads/2020/01/Documento-final.pdf
[5] Para más información de esta articulación internacional, ver su sitio web oficial: https://marchemondiale.org/index.php/quienes-somos/objetivos-de-la-marcha-mundial/?lang=es
[6] Mientras que el Banco Mundial predice que el 62% de los puestos de trabajo de la región son susceptibles de ser sustituidos por procesos de automatización, Weller, Gontero y Campbell (2019) afirman que las probabilidades descienden al 56% de los puestos de trabajo en segmentos de alta o media productividad, y a tan solo el 24% de los puestos en los segmentos de baja productividad. Los errores en la medición del banco Mundial se vinculan principalmente con el peso del empleo a cuenta propia, informal, de subsistencia en la región, que se desarrolla lejos de la frontera tecnológica, y con el rezago en la implementación de nuevas tecnologías en comparación con países más avanzados, por lo que es de suponer que los procesos de automatización y reconversión laboral no se darán ni del mismo modo ni en la misma velocidad que en otras latitudes. Véase: Weller, J., Gontero, S. y Campbell, S. 2019. “Cambio tecnológico y empleo: una perspectiva latinoamericana. Riesgos de la sustitución tecnológica del trabajo humano y desafíos de la generación de nuevos puestos de trabajo», serie Macroeconomía del Desarrollo, N° 201 (LC/TS.2019/37), Santiago, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
[7] Al respecto, véase: Lo Vuolo, Rubén. 2016. “El ingreso ciudadano en debate. Repensar el bienestar en el siglo XXI” en Nueva Sociedad N° 264, julio-agosto 2016, en https://nuso.org/articulo/el-ingreso-ciudadano-en-debate/ y Lo Vuolo, Rubén; Raventós, Daniel y Yanes, Pablo. 2019. “La renta básica incondicional: una propuesta inaplazable” (Público, Sin Permiso, 10/05/19), extraído del sitio de la Red Argentina de Ingreso Ciudadano, en https://ingresociudadano.com.ar/archivos/579.