Desire Aliaga Blanco
Psicóloga con mención en Psicología Clínica por la Pontificia Universidad Católica del Perú
Para abordar el tema de salud mental es necesario tener claro el significado y las implicancias de ésta. Según la Organización Mundial de la Salud se define la salud mental como un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera y, es capaz de hacer una contribución a su comunidad.
De acuerdo a esta definición podemos preguntarnos qué tan saludables nos encontramos en la actualidad y qué tanto nos preocupamos por realizar conductas que favorezcan este estado de bienestar. Lamentablemente, vivimos en una cultura que prioriza al cuerpo y que relaciona la salud con lo físico, otorgándole una mínima importancia al área mental. ¿No son mente y cuerpo acaso dos dimensiones que interactúan y se relacionan entre sí? Si bien es algo que conocemos no hemos aprendido a preocuparnos por nuestra salud mental y a veces desconocemos que la falta de ésta tiene como resultado emociones y estados desagradables como frustración, insatisfacción, estrés, tristeza, ansiedad; así como conductas de violencia.
Estas pueden ser actitudes socialmente compartidas sobre la importancia y preocupación por nuestra salud mental, pero sería interesante preguntarnos qué tantas facilidades encontramos en nuestro entorno que contribuyan a un estado de bienestar. ¿Qué tan interesado se encuentra el Estado en brindar oportunidades que favorezcan nuestra salud mental?
De acuerdo al Estudio Epidemiológico de Salud Mental en Lima Metropolitana y Callao realizado por el Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado – Hideyo Noguchi en el año 2012 se encontró que un 26% de la población alguna vez en su vida ha presentado un trastorno mental y un 8% se encontraba presentándolo en el momento que fue encuestado. Asimismo, un 23% se ha encontrado involucrado en conductas violentas relacionadas con el uso de armas y abuso físico a menores. Si bien es cierto estos porcentajes son menores a los encontrados en el estudio realizado en el 2002, éstos continúan siendo altos y afectan a un gran número de personas. Además, es muy probable que estos resultados sean muchos más alentadores que los que podemos encontrar en otros departamentos del Perú. ¿Debemos quedarnos tranquilos porque estos porcentajes disminuyeron? ¿Tendremos que esperar otros diez años más para poder evaluar en qué condiciones nos encontramos? ¿Qué acciones concretas está realizando el Estado para atacar estas problemáticas actualmente?
Las enfermedades mentales suponen un gran sufrimiento personal para quienes las padecen y por ende, afectan los niveles de bienestar que experimentan las personas. Lamentablemente, en nuestro país la accesibilidad a profesionales de la salud mental es limitada, hay muchas zonas de nuestro país donde la atención psiquiátrica y psicológica no está disponible. Además, la mayoría de los seguros privados no cubren la atención psicológica y las entidades estatales no necesariamente se interesan en capacitar a su personal para que cuente con mayores herramientas que les permita brindan una mejor atención. Asimismo, los recursos de infraestructura que se les brinda a los pacientes también son limitados, por lo que muchos psicólogos deben atender en pequeños lugares que no cuentan con privacidad, lo cual influye en la comodidad del terapeuta y el paciente que acude donde un psicólogo en busca de ayuda para brindarle información confidencial. Estos son muchas veces los motivos por los cuales los pacientes abandonan el proceso terapéutico y no llegan a culminar con su tratamiento en un ambiente hospitalario, al interrumpir el tratamiento el malestar y síntomas que experimentan se intensifican, por lo que deciden buscar otras alternativas que puedan ajustarse a sus posibilidades o lidiar personalmente con lo que están viviendo, lo cual resulta desgastante emocionalmente y poco alentador para una persona que sufre. Por lo tanto, si una persona desea iniciar un proceso terapéutico con un especialista y en un lugar adecuado no le queda otra alternativa que atenderse de forma privada pagando una tarifa que muchos de los peruanos no podemos asumir.
En el año 2011 realicé una investigación sobre burnout, estrés ocupacional, y bienestar psicológico en un grupo de enfermeras que trabajaban en un hospital de Lima y me quedé sorprendida con los resultados que encontré. El 9% de las enfermeras evaluadas presentaban el síndrome de burnout y un 60% se encontraba en riesgo o con tendencia a desencadenarlo. Es decir, casi el 70% de las evaluadas se encontraban afectadas con al menos uno de los síntomas, siendo uno de los más comprometidos el agotamiento emocional, asociado con pérdida de energía, sobrecarga emocional, debilidad, fatiga y agotamiento físico. Resulta incoherente cómo una institución que brinda servicios de salud tenga a su cargo a un personal que se encuentra agotado y cuya salud mental se encuentra dañada, siendo ellos los encargados de atender a quienes padecen de alguna enfermedad física o mental.
No podemos permitir que la salud mental se siga subestimando sobre la salud física ya que ambas están fuertemente correlacionadas. Los datos antes mencionados corresponden a realidades que no deberían pasar desapercibidas, no podemos quedarnos tranquilos sólo porque las estadísticas nos indican que los porcentajes han disminuido con respecto a años anteriores ya que aún hay muchos peruanos experimentando malestar emocional, el cual vulnera su salud mental. Si bien es cierto que muchas municipales en los últimos años se encuentran incentivando una cultura de salud brindando una serie de actividades que promueven conductas saludables, los pocos esfuerzos realizados son aislados y resultan insuficientes. Es importante que el Estado tome acciones que puedan ser aplicadas en los diferentes departamentos del país y que todo peruano sin excepción pueda tener acceso a una atención oportuna y de calidad en beneficio de su salud mental.