MEMORIA SIN IDEOLOGÍAS, LA NECESIDAD DE HACERNOS CARGO DE NUESTRA HISTORIA

1.- La cultura de la violencia y el retroceso en el cuidado de los derechos básicos.

Nuestro país está atravesando un proceso de aguda descomposición moral. Un signo inequívoco de esta crisis es que la toma de decisiones políticas está en manos de personas que no cuentan con la preparación ni con las capacidades esenciales para entender y resolver los problemas que afronta el país. Una periodista y candidata a las elecciones regionales y municipales es asesinada ante cámaras. Un grupo de estudiantes de un conocido colegio privado -a la sazón adscrito a una institución militar- agrede sexualmente y somete a tortura a un compañero en el autobús escolar. Las autoridades, en vez de enfrentar la cultura de la violencia que subyace a estas vulneraciones de derechos, han concentrado su atención en otra clase de tareas, como cuestionar la línea museográfica del Lugar de la Memoria (LUM), así como prometer la erradicación de “ideologías” en los planes educativos nacionales.

Los dos acontecimientos trágicos mencionados líneas arriba ponen de manifiesto las graves deficiencias que experimentan tanto nuestra sociedad como nuestro Estado para encarar con lucidez y empatía las situaciones en las que los ciudadanos no pueden proteger su cuerpo contra la violencia ejercida por otro ni lograr justicia y reparación frente al daño padecido. La memoria y la Educación Sexual Integral (ESI) constituyen herramientas sociales para cuidar del propio cuerpo de una manera autónoma y defender los cuerpos de otros frente a la violencia. Sin embargo, un sector importante de la “clase política” ha apostado por la desactivación de la ESI y se ha ensañado con las políticas de memoria iniciadas en los tiempos de la transición democrática. Se intentó cuestionar las conclusiones y las reformas institucionales formuladas por la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) -sin contar con una lectura mínima de su Informe Final- y se ha exigido el cierre de espacios de memoria en diversos lugares del Perú. Nuestros políticos están socavando los instrumentos básicos a disposición del ciudadano para salvaguardar sus derechos fundamentales a la vida, a la integridad física, a la libertad y al bienestar humano (Wellbeing). Es un hecho que, desde el año 2016 hasta hoy (el período correspondiente a la llamada “crisis del bicentenario”) estamos viviendo un evidente retroceso en materia de derechos humanos y libertades sustanciales.

El nuevo gobierno se ocupa de librar una retorcida “batalla cultural”, acaso para justificar la erosión de la cultura de derechos disfrazándola de “restitución del orden”. La promesa de purificar el sector educación de la presencia de “ideologías” se revela como una estrategia retórica contra una supuesta “izquierda académica o cultural” que habría cimentado un vocabulario crítico para interpretar los conflictos nacionales y aclarar soluciones posibles. En lugar de entablar un debate honesto sobre la validez de estos conceptos y categorías, el Ministerio de Educación ha planteado el proyecto de extirpar “ideologías” en nombre de una aproximación “científica” al fenómeno de la violencia y a la exploración crítica del pasado. Estoy convencido de que quienes han proclamado -desde el Estado- este programa de acción poco saben acerca de la tarea que tienen entre manos. En las líneas que siguen voy a examinar las debilidades de la sugerencia misma de hacer una lectura de la historia reciente sin recurrir a ideologías.  

2.- ¿Conocimiento sin ideologías? Un concepto convertido en un arma retórica.

La mayoría de los exponentes de nuestra “clase política” no tiene el menor interés por abordar con genuino rigor la cuestión de la “ideología” y las fuentes del conocimiento histórico. Tampoco cuenta con la formación para emprender esa clase de indagación intelectual. Les basta con invocar una “batalla cultural”, una categoría completamente ajena a la discusión académica y al debate cívico. Para nuestros políticos oficialistas, quien está sumergido en la ideología siempre es el otro, nunca ellos. Trazar la frontera entre ciencia e ideología en el mapa del discurso político constituye una estrategia fundamental en el imaginario subyacente al plan de nuestros políticos conservadores. No obstante, las autoridades que esgrimen esta idea no ofrecen una descripción estricta de la ideología ni han desarrollado una evaluación detenida acerca de sus efectos sobre el pensamiento y la conducta de las personas.

Se ha escrito muchísimo sobre la noción de ideología. Creo que es posible, en principio, distinguir dos usos principales de este término en la reflexión política y social. El primero alude a las concepciones del mundo y la vida organizan y conducen las maneras en las que las personas nos movemos en espacios comunes. Somos fundamentalmente agentes que se relacionan con las cosas del mundo y con otros agentes a través de los canales que ofrecen el lenguaje y la propia corporeidad. “Verdadero” / “falso”; “profundo” / “superficial”; “significativo” / “trivial”; “elevado” / “bajo”; “genuino” / “inauténtico”, constituyen distinciones que sirven como coordenadas de orientación existencial. Es posible (y deseable) examinar las razones que justifican estas distinciones. Las decisiones que tomamos cotidianamente descansan en los argumentos que sostienen aquellas coordenadas. 

Estas formas de orientación requieren de un marco hermenéutico u horizonte, un trasfondo de creencias y valoraciones, pero también un escenario de dudas, inquietudes y controversias. Cuando emitimos juicios o planteamos cuestionamientos de diversa índole, y alcanzamos cierta perspicacia en el razonamiento, echamos luces sobre ciertos aspectos importantes del trasfondo. Entre las convicciones y argumentos que constituyen nuestro campo de acción y reflexión, están las ideas políticas. Las consideraciones en torno a las conexiones entre las libertades individuales y las exigencias del bien público se entienden bajo este registro. Yo no usaría, honestamente, el término “ideología” para dar cuenta de este entramado de interpretaciones y argumentos sobre el curso de nuestra existencia y sobre nuestro entorno natural, social y político. Preferiría usar “visiones del mundo y la vida”, una expresión más sencilla y acaso más esclarecedora en torno a la comprensión ‘fenomenológica’ de nuestra situación y movimiento en el espacio compartido.

El segundo uso tiene un claro origen marxista. La “ideología” es la manifestación de una supuesta “falsa conciencia”, el discurso y las imágenes colectivas que expresan únicamente los intereses (vinculados al acopio de poder político y económico) de una clase social, de un grupo o facción involucrados en la lucha por el control de los modos de producción o las instituciones que administran poder e influencia en el seno de la sociedad. Esta noción de ideología nos remite al capítulo inicial de La Ideología Alemana de Karl Marx y Friedrich Engels, en el que se contrapone la “ideología” a la denominada “ciencia de la historia”.  La “ideología” se refiere a lo que los seres humanos “dicen que hacen”, no a lo que hacen realmente. La “ciencia” se ocuparía, más bien, de la rigurosa exposición (Darstellung) de los conflictos por la posesión de los modos de producción. La “ideología”, en contraste, se detiene en la mera “representación” (Vorstellung), la emanación ilusoria -política, estética, religiosa, etc.- que intenta legitimar las posiciones de clase en la estructura económica. Con el tiempo, el marxismo ortodoxo asumió discutibles compromisos epistémicos con el positivismo, que, a su juicio, le prestaba servicios en la tarea de combatir la supuesta “mistificación” del pensamiento histórico-social. Resulta curioso que nuestros conservadores locales usen el término “ideología” recurriendo a un vocabulario extraído con suma ligereza y descuido del ideario doctrinario de la “izquierda internacional”.

Esta es una versión vulgarizada del concepto en uso de ideología. Cuando los exponentes políticos de la ultraderecha peruana tachan de “ideológicos” al enfoque de género, a la propuesta de la ESI y a los estudios de memoria -en particular atendiendo a sus implicancias en el curriculum escolar y universitario- siguiendo el canon doctrinario de una especie de “marxismo anónimo”. Por supuesto, no se dan cuenta de esta curiosa operación mental, porque nuestra “clase política” -salvo contadas excepciones- carece de credenciales intelectuales. Lo suyo es intervenir improvisadamente en la espiritualmente escuálida “batalla cultural”, sin participar en la discusión académica ni propiciar el debate cívico. Abogan por la necesidad de aproximarse “científicamente” al tema de la sexualidad o a la organización de los acontecimientos del pasado, pero, al ser interrogadas sobre en qué consistiría dicha aproximación “científica” o cómo traducir aquellos supuestos “saberes” en políticas educativas o planes de estudio, nuestras autoridades no saben qué responder. El asunto de la educación sin ideologías parece ser una faceta más de la agenda de “agitación y propaganda” que se ha trazado el nuevo gobierno para estos años de confrontación política. Mucho ruido y pocas nueces.

3. Hacer memoria es responder por nuestro pasado y encarar el presente.

A pesar de la irresponsabilidad manifiesta con la que nuestros representantes abordan el problema de la memoria, encontramos aquí una importante cuestión filosófica que es preciso formular y examinar con sumo cuidado. Se trata de aclarar cómo hacemos memoria y si cualquier interpretación del pasado es una forma legítima de rememoración o no. La reflexión que bosquejaré en las líneas que siguen es tanto una consideración epistemológica y ética sobre qué significa rememorar luego de un conflicto violento que involucra a la sociedad como una disputa con el negacionismo que suscriben no pocos políticos conservadores en nuestro país.

3.1. La memoria y las ideologías.

Partamos de una ‘constatación’. No es posible reconstruir el pasado histórico desde el vacío, desde la objetividad y la neutralidad. Solo la conmovedora ingenuidad filosófica del positivismo afirma lo contrario. Examinamos los episodios de nuestra historia desde un marco hermenéutico, desde un horizonte de juicios, valoraciones y compromisos compartidos. La CVR sostiene que ha forjado un relato verdadero, inscrito en la cultura de los derechos humanos, así como en la idea de dignidad instalada en la tradición liberal y en los principios que estructuran el sistema internacional de justicia. Cuando se acusa a la Comisión de elaborar su informe desde la influencia de una “ideología política”, no solo se desliza una aseveración falsa; se soslaya su adhesión a los valores públicos que subyacen a los tratados globales en torno al respeto de los derechos universales que protegen a las personas en cuanto a su vida, su libertad y propiedad. Estos valores se hacen explícitos en el concepto de verdad propuesto por la CVR en la Introducción del documento.

“Por la articulación aquí presentada de las diferentes dimensiones del concepto de verdad al que se adhiere, la CVR confía en que el suyo será un relato fidedigno. Lo es, no sólo en el sentido de fidelidad a los hechos, sino principalmente en el sentido de ser digno de fe, digno de crédito, para todos los peruanos y peruanas. La CVR aspira a que la nación entera encuentre en él un sentido de lo ocurrido, y a que se reconozca tanto en la explicación de las causas como en las propuestas de refundación de nuestros vínculos sociales. De esa «verdad» habla la CVR: de un relato fidedigno, éticamente articulado, científicamente respaldado, contrastado intersubjetivamente, hilvanado en términos narrativos, afectivamente concernido y perfectible”. 

Asimismo, la reconstrucción del conflicto armado interno elaborada por la CVR se enmarca ética y políticamente en un proceso de transición democrática; el proyecto mismo tiene lugar en el contexto de la caída de una dictadura y la recuperación de orden institucional. La Comisión organizó audiencias públicas en las que se recogió el testimonio de cerca de diecisiete mil afectados por la violencia, tanto víctimas como victimarios y testigos. El propósito de su trabajo es conseguir que la sociedad extraiga lecciones que le permitan tomar decisiones, plantear reformas educativas e institucionales para evitar que eventos similares ocurran en el futuro. Asimismo, el esclarecimiento del proceso de violencia vivido apunta a desarrollar políticas de justicia y reparación que propicien la restitución de los derechos de las víctimas. Se trata de promover la verdad y la justicia para las familias y las comunidades de los casi setenta mil peruanos muertos y desaparecidos durante aquellos veinte años de terror y represión. 

En contraste, la lectura del conflicto planteada por el fujimorismo y sus aliados conservadores está orientada por la suspensión de los procesos judiciales a los agentes del Estado en materia de violaciones de derechos humanos. La propia Keiko Fujimori lo ha sugerido de cierta manera en su reciente y controvertido discurso ante la ONU. En efecto, la mandataria cuestionó el hecho de que los procesos contra militares y policías durasen décadas. Ella no mencionó, por supuesto, el hecho de que numerosos efectivos hayan sido beneficiados por una amnistía en los años noventa, o -como ha argüido la CVR en su Conclusión Nº 68 y en el tomo VIII del Informe Final- que las autoridades militares se hayan rehusado reiteradamente a entregar información sobre actos realizados por uniformados en los comandos político-militares desde 1983 en adelante, contraviniendo la Ley de transparencia y acceso a la información. No se oculta, stricto sensu, la agenda de silencio e impunidad que impulsa los actos de la extrema derecha peruana; las leyes de amnistía aprobadas meses atrás por el Congreso ponen de manifiesto dicha agenda. Como ha sostenido lúcidamente el historiador Joseph Dager, la narrativa que organiza la memoria conservadora es el negacionismo. Se trata de omitir toda referencia a los crímenes perpetrados por agentes del Estado, a pesar de las numerosas evidencias sobre lo ocurrido en Putis, Cayara, Accomarca, Manta y Vilca y tantos otros casos que señalan la responsabilidad directa de malos efectivos de las fuerzas del orden en torno a delitos contra la vida y la integridad física. Numerosos especialistas han insistido acertadamente en señalar que resultaría positivo que los institutos armados separasen el trigo de la paja, vale decir, enaltezcan a quienes actuaron heroicamente y deslinden claramente respecto de quienes no estuvieron a la altura de su misión y envilecieron el uniforme cometiendo abusos contra la población civil indefensa. El espíritu de cuerpo en el ámbito militar -apoyado por buena parte de nuestra “clase política”- está en las antípodas de una actitud de discernimiento y depuración de malos elementos de las fuerzas del orden.

¿Qué visión de la historia reciente evidencia una mayor presencia de ideología, a saber, de un sistema de convicciones producido por un grupo de interés para el que la verdad histórica resulta poco relevante? Parece que responder a esta pregunta no genera muchas dificultades. Una perspectiva que enarbola el olvido selectivo y la impunidad de una parte de los perpetradores pretende poner en práctica una suerte de “contra-memoria” que se esfuerza por negar lo evidente, a saber, que “en ciertos lugares y períodos”, agentes del Estado peruano cometieron violaciones sistemáticas de los derechos humanos (IF-CVR, Conclusión N° 55). 

3.2. El conflicto de memorias no constituye un problema sin solución. 

Elizabeth Jelin ha sostenido agudamente que no existe la memoria, que existen memorias. Podemos constatar que diferentes agentes formulan relatos rivales acerca de un mismo fenómeno histórico, como el conflicto armado interno. Algunos intelectuales han deslizado la idea de que la multiplicidad de narraciones acerca del pasado revelaría la enorme dificultad de encontrar criterios racionales para considerar algún relato como fidedigno y razonablemente verdadero. Arguyen que no podríamos distinguir sólidamente entre relatos verdaderos y falsos. Incluso algunos sugieren que todos serían “igualmente válidos”. Este relativismo craso no se sostiene en absoluto, es filosóficamente débil, sencillamente porque sí existen criterios para examinar la validez de las narraciones que aspiran a erigirse en interpretaciones plausibles sobre procesos históricos y acontecimientos críticos del pasado. Quisiera compartir algunas ideas sobre dos criterios para discernir la validez de los esfuerzos de rememoración. El primer criterio α) es si el relato se constituye desde la escucha atenta de los afectados, en particular si acoge el testimonio de las víctimas.  Este testimonio se contrastará con la versión de otras personas involucradas, testigos presenciales e incluso victimarios; estas declaraciones se corroborarán asimismo a la luz de las evidencias, los indicios y los argumentos públicamente disponibles que den cuenta de la ocurrencia de estas experiencias. El segundo criterio β) alude a la necesaria apertura del relato al proceso de deliberación pública. La idea es que cualquier ciudadano pueda examinar y discutir este relato, con el propósito de ponerlo a prueba desde los mecanismos de la justificación racional y la crítica al interior de espacios compartidos. Los escenarios del Estado, los partidos políticos, las universidades, las iglesias, entre otras instituciones, constituyen foros públicos para el escrutinio cívico. Si una lectura particular del pasado pretende convertirse en una expresión genuina de la memoria, esta tendría que cumplir con ambas exigencias de carácter cognitivo y ético.

Si evaluamos a partir de estos dos criterios el relato transicional -formulado por la CVR-, así como el relato conservador, creo que el resultado parece previsible. El relato transicional se funda en el diálogo con los afectados, en primera instancia las víctimas, a partir de los casi diecisiete mil testimonios presentados en las audiencias públicas, más las experiencias recogidas en investigaciones incorporadas en la bibliografía especializada y en la literatura testimonial después de 2003. Del mismo modo, La CVR y las investigaciones ulteriores en derechos humanos han sometido sus métodos y conclusiones al debate público en la academia, en los foros del Estado y de la sociedad civil. Han aportado narraciones perfectibles que pueden ser discutidas y corregidas en la medida en que existan buenos argumentos para hacerlo. No obstante, un sector importante de la “clase política” ha bloqueado sistemáticamente todas las iniciativas conducentes a incluir estos temas en los planes de estudio escolares y universitarios como tema de reflexión.

En efecto, el relato conservador es fundamentalmente reactivo. Cuestiona severamente las conclusiones de la CVR, pero sin ofrecer un argumento crítico sólido. En realidad, el Informe Final no ha sido refutado en ningún aspecto sustancial, ni ha sido sustituido por ninguna investigación estructurada sobre el manchaytimpu. El sector conservador no ha aportado ningún estudio crítico o científico sobre la memoria; una empresa de esa naturaleza no parece ser de su interés. Lo suyo es estrictamente la configuración de un discurso político, que cuenta -eso sí- con operadores en los partidos y con activistas en algunos medios de comunicación que han dedicado muchos años a la tarea de intentar desacreditar las investigaciones de la CVR. A menudo concentraron su estrategia en objetar el uso del concepto de “conflicto armado interno” -que, como se sabe, proviene del vocabulario del derecho internacional público- en favor del término “terrorismo”, o se dedicaron a sugerir que la Comisión consideraría “equivalentes” las acciones de los grupos subversivos y las acciones de las fuerzas del orden. Ambas observaciones son defectuosas. Ninguno de estos alegatos se sostiene en argumentos o en evidencias.

Este relato conservador converge con las políticas de olvido forzoso e impunidad que se han impuesto desde los fueros del Congreso anterior. Este es el corazón del asunto. Se sigue de este relato que -para sus artífices- hay testimonios de compatriotas que no cuentan en el registro de voces ciudadanas en la historia reciente, que las demandas de justicia de los familiares de las víctimas no deben ser tomadas en cuenta por el Estado peruano, que existen, en suma, vidas que sobran. Si eres pobre, habitante del campo y el castellano no es tu lengua materna -como la mayoría de las víctimas del conflicto- tu voz no tiene relevancia en la reescritura de la historia que hoy promueve nuestra “clase política”. En esta nueva versión solo cabe una trama de salvación, no el registro de la tragedia de miles de peruanos inocentes que aún no encuentran justicia ni reparación.

Este relato pretende convertirse en una “historia oficial”, pero no está dirigido a reconstruir el pasado con rigor y respeto por la verdad, con el ánimo de edificar un diálogo orientado a superar un período de terror, violencia y división entre peruanos; se trata de silenciar el anhelo de memoria, justicia y reparación que todavía, a pesar de todo, mueve las víctimas a la acción. Nuestra “clase política” plantea una amnistía invocando a alguna lectura espuria de la “reconciliación”, cerrando los ojos a la evidencia de que sobre la base de la destrucción de la memoria y la suspensión de la justicia no pueden recuperarse ni lazos sociales ni instituciones sólidas. Los políticos pretenden llevarnos de modo prepotente a un tiempo previo a la formación de la CVR, un momento en el que las alusiones a la “reconciliación” pudiesen poner entre paréntesis las exigencias de esclarecimiento de la verdad, la sanción a los perpetradores y la reparación de las víctimas. No podemos forjar una genuina comunidad política haciendo abstracción de estas poderosas exigencias morales y sociales.  

Suspender la memoria, distorsionar la historia y suprimir el trabajo de la justicia para lograr propósitos políticos y satisfacer intereses de facción constituye un proyecto altamente cuestionable. Se trata, además, de un proyecto cargado de una ideología que está al servicio de la impunidad y de las expectativas de poder de grupos particulares. A primera vista, no es la búsqueda de la verdad, si no el propio posicionamiento en el juego de fuerzas político, el objetivo que conduce y organiza la narrativa conservadora. La memoria transicional -discutible y perfectible, como todo relato- se articula desde el horizonte y el lenguaje de los derechos humanos y la reconstrucción democrática; sobre los derechos y los valores públicos democráticos no tiene sentido permanecer “neutral” si se pretende sentar las bases de una sociedad más justa e inclusiva. La narración transicional se nutre, como hemos visto, de la escucha de los afectados en las audiencias públicas convocadas por la CVR.  Este relato, asimismo, estuvo -y sigue estando- dispuesto a exponerse al debate público en los foros del Estado y de la sociedad civil.

Solo desde la vocación por el esclarecimiento de la verdad y desde la aspiración a la justicia los ciudadanos podremos embarcarnos en un complejo proceso de aprendizaje ético y político. En el silencio y en la impunidad no podremos descubrir pedagogía alguna que nos constituya como agentes o que nos permita hacernos cargo de nuestra propia historia. La amnesia política es éticamente perjudicial y resulta profundamente improductiva para la comunidad; solo es provechosa para los beneficiarios inmediatos de sus mecanismos, aquellos individuos y grupos que detentan el poder y pretenden retenerlo para sí. La memoria pretende brindarnos cierta lucidez para comprender los conflictos vividos, para tomar decisiones y prevenir la aparición de situaciones similares en el futuro. Si lo que queremos es construir (o recuperar) la ciudadanía democrática en nuestro país, debemos comprometernos con la lucha por la memoria y la justicia. Necesitamos extraer lecciones de nuestro pasado que fortalezcan nuestras capacidades para la acción común. De otro modo, sucumbiremos ante una nueva asonada autoritaria.  

¹Cfr. Gamio, Gonzalo “La política criolla y el desprecio por la vida del intelecto” en: El salmón (setiembre de 2026) https://www.elsalmon.info/post/la-pol%C3%ADtica-criolla-y-el-desprecio-por-la-vida-del-intelecto

²He discutido este tema en mi reciente libro El sentido profético. Véase Gamio, Gonzalo El sentido profético. Memoria, justicia y religión Lima, IDHAL-PUCP / UARM 2026, Primera Sección, capítulo I, “La actividad filosófica”.

³Marx, Karl y Friedrich Engels La ideología Alemana Barcelona, Grijalbo 1974 cap. I, apartado A.

⁴Véase Husserl, Edmund La crisis de las ciencias europeas y la fenomenología trascendental Buenos Aires, Prometeo 2006 §§ 45-47

⁵Comisión de la Verdad y Reconciliación Informe Final “Introducción” p. 34 en: https://www.cverdad.org.pe/ifinal/ .

⁶Véase la entrevista de Clara Elvira Ospina en el portal Epicentro al abogado Samuel Rotta sobre la ley 27806, sobre la transparencia y el acceso a la información. Consúltese MacLean, Emi “El Tribunal Constitucional del Perú conoce una propuesta que desafía al secretismo militar” en: Open Society. Justice iniciative 30 de octubre de 2014 https://www.justiceinitiative.org/voices/case-watch-perus-constitutional-court-hears-challenge-blanket-military-secrecy/es.

⁷Dager, Joseph “La narrativa negacionista y el rol del historiador” en El salmón (17 de septiembre) en:  https://www.elsalmon.info/post/la-narrativa-negacionista-y-el-rol-del-historiador

⁸Revísese Jelin, Elizabeth Los trabajos de la memoria Lima, Instituto de Estudios Peruanos 2012, capítulo 2.

⁹Literalmente, el “tiempo del miedo”…